Boletín Nº 6 Red Puentes Chile (Agosto 2005)
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es parte de la mayoría de los Gobiernos occidentales y las grandes organizaciones mundiales como la ONU y la OIT. Los medios de comunicación comienzan a incorporarlo en sus pautas. Se realizan seminarios, talleres y hasta congresos, como el que el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) va a realizar en nuestro país en septiembre.
Es un hecho, la RSE es un tema que abandonó el ámbito académico y se instaló para recordarnos que gran parte de los problemas sociales y ambientales del mundo, son producto de una gestión empresarial alejada de la ética, que se repite con facilidad gracias a la permisividad legal y a un Estado cuyos sistemas de control, fiscalización y regulación son cada vez más frágiles, frente a un sector que ha pasado a ocupar el centro del poder en la toma de decisiones, relegando a los gobiernos a un lugar secundario.
Chile no es la excepción. Lo demuestran las reflexiones del economista e investigador del Centro de Estudios Alternativos (CENDA), Jacobo Schatán, quien plantea en el documento elaborado por Red Puentes Chile, “Agenda Ciudadana”, que “el debilitamiento del rol protector del Estado ha variado desde una visión de defensa del bien común, de protección de la soberanía nacional y los grupos de población en desventaja, al predominio de una ideología y modelo económico neoliberal en la que prevalece el mercado”. Schatán explica que como consecuencia de “este proceso de desdibujamiento”, se ha producido una desregulación de las relaciones capital-trabajo en la que se ha cedido a los privados, parte de las atribuciones que otrora fueron exclusivas del Estado, “como por ejemplo la administración de los sistemas de protección social”.
El economista del CENDA explica que el Estado chileno ha suscrito diversas convenciones en materia laboral, de salud y medio ambiente; así como “las líneas directrices de la OCDE sobre empresas multinacionales y ha firmado tratados internacionales de comercio que incluyen cláusulas sociales y ambientales”. Sin embargo- argumenta Schatán- “las disposiciones señaladas no siempre se cumplen y tampoco se fiscalizan adecuadamente por parte de los organismos públicos pertinentes”. ¿Razones? carencia de personal idóneo, falta de presupuesto, o más grave aún, el temor a enfrentar a los sectores empresariales.
Surge entonces la duda si la RSE —que busca orientar a las empresas para que éstas logren equilibrio entre rentabilidad económica, derechos humanos, bienestar social y protección ambiental— pueda alcanzar significativos niveles de impacto y aplicabilidad, como para contrarrestar los negativos efectos del mercado y la débil acción del Estado; ambos incapaces de responder frente a urgentes demandas, como la pobreza e inequidad en que gran parte del planeta vive actualmente.
Buscando respuestas
Si bien la RSE se remite a las prácticas de las empresas, no es menos cierto que su éxito, demanda la participación de los diferentes actores de la sociedad.
Sin embargo, el Estado chileno aún no llega a un consenso sobre cuanta incidencia puede tener en esta materia y más aún, sobre cuanto activo debe ser su rol al respecto.
Es lo que plantea un reciente estudio realizado por Red Puentes Chile en conjunto con el Programa de Acción de Mujeres (PROSAM) titulado “Visión acerca de la Responsabilidad Social Empresarial en organismos del Estado”.
La investigación — realizada entre noviembre y diciembre del 2004- exploró a ocho organismos públicos para indagar sobre las visiones, enfoques e iniciativas en relación al concepto y prácticas de RSE que la CONAMA, INDAP, la Dirección del Trabajo, SERNAM, CORFO, MINSAL, SERNAC y FOSIS habían desarrollado hasta ese momento.
Las conclusiones del estudio realizado por Red Puentes Chile, entrega señales divididas sobre cual es el rol que le cabría al Estado cumplir en el marco de la RSE. Mientras algunos de los organismos entrevistados creen que “el sector público debe asumir un rol de agente activo, convocando a las empresas a incluir políticas y prácticas de responsabilidad social”, otros señalan que la falta de políticas públicas que coordinen las actividades privadas en el área y promuevan mediante incentivos, los beneficios (especialmente económicos) que aplicar la RSE genera en la empresa, “dejaría el tema de la responsabilidad circunscrito únicamente al compromiso social y la filantropía de los empresarios, negándole su carácter estratégico global”.
En resumen: si bien los organismos entrevistados “reconocen el concepto y su importancia, todos se encuentran en una fase incipiente de abordaje y reconocimiento de sus implicancias sociales”.
Varias interpretaciones para un solo tema
El informe de Red Puentes Chile, revela que los organismos consultados se han vinculado a la RSE en base a cómo- a partir del rol que les compete- deben involucrarse en la materia. El estudio detectó en algunos casos, posturas particulares más que institucionales por parte de los entrevistados, hecho que evidenciaría “la falta de una política estatal o propia del organismo relacionada con la temática”.
Y es que al parecer “siempre estamos llegando atrasados a los temas”. Es lo que plantea la Directora de Programas del Centro Nacional de Productividad y Calidad, Chile Calidad, la asistente social Ximena Concha, quien sostiene que nuestro país se ha incorporado, al igual que en muchas otras áreas, tarde a la discusión sobre RSE.
Concha destaca la importancia de este concepto y explica que la RSE “debe mostrar un camino para que una empresa -además de ganar dinero- comience a cumplir un rol de contribución al desarrollo de la sociedad en su conjunto”. (ver entrevista)
Un camino que organismos como CORFO, INDAP y CONAMA transitan -como lo indica el estudio de Red Puentes- “presionados por la emergencia del tema, los tratados internacionales y las exigencias de los mercados mundiales respecto de su incorporación”.
Diferente es la forma en que el SERNAC considera la RSE: la estrategia consiste en “fortalecer la movilización social, educando a los consumidores para aumentar su grado de conciencia y su capacidad de discriminar en cuanto a sus elecciones de consumo”, lo que se traduciría en una presión por parte de la ciudadanía hacia las empresas, para que adopten medidas más responsables con el medio ambiente y las personas.
El estudio indica eso sí, que todos los organismos consultados coinciden en que el Estado si debería promover prácticas responsables en las empresas, pero “reconociendo que el sector privado está sometido a la presión de los mercados internacionales y que cada vez es mayor la exigencia de la comunidad internacional de productos y servicios responsables”, por lo que el cumplimiento de estándares internacionales, es el único camino para acceder al crecimiento económico del país.
La visión de la Dirección del Trabajo, por su parte, entiende que la RSE es un asunto entre privados y que el Estado sólo debe resguardar el cumplimiento de la legislación laboral vigente. Para ellos — indica el informe- “la RSE es un asunto que se mueve en el terreno de la voluntad”, por lo que su rol fiscalizador, sólo cobra sentido en aquellas instancias que la ley lo establece.
Sin embargo, entidades como el FOSIS -encargado de programas de superación de la pobreza del país, entregó una mirada distinta. Para el Director Nacional del organismo, Mario Ossandón, el hecho que los temas tributarios, medio ambientales y las relaciones laborales, “son condiciones que están determinando que haya o no mercado internacional”, favorece la aplicabilidad de la RSE. La estrategia del FOSIS para lograr dicha implementación, ha consistido en desarrollar “procesos de vinculación con redes dinámicas”, logrando que sectores pobres que no tienen acceso al mercado, lo hagan a través de la colaboración de empresarios y ejecutivos que sí pueden hacerlo.
Ossandón explica que con este mecanismo todos ganan: “la empresa dirá en todos sus foros y presentaciones que es parte de la estrategia nacional para superar la pobreza”, contribuyendo con el FOSIS en la creación de empleo y valor para las personas pobres.
Finalmente, el informe elaborado por Red Puentes Chile indica que “las diferentes visiones recogidas, dan cuenta del carácter emergente de la temática y de la necesidad de un debate en torno al rol que el Estado debe cumplir en este campo”, ya que la vinculación de los organismos consultados con la RSE, está más ligada a sus principios que a sus prácticas.
El futuro
El encargado comunicacional del comando de campaña de Michelle Bachelet y ex ministro del Trabajo, Ricardo Solari, señaló en un foro panel realizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Unilever, que la RSE era un tema exclusivamente voluntario, por lo que estaría fuera de toda lógica, “exigirle al Estado un rol fiscalizador más allá de lo que la ley establece”.
Sin embargo, su abanderada no piensa lo mismo: la candidata de la Concertación enfatiza -en una entrevista realizada por la sección especial del Mercurio sobre RSE, publicada en el mes de julio- la relevancia del tema en materias laborales, contrataciones, salarios, ascensos, entrenamiento y capacitación; plantea continuar financiando iniciativas que promuevan la adopción voluntaria de conductas responsables; trabajar con los gremios y dar el ejemplo como gobierno siendo paritario en materia de género, publicando un código de ética pública y demostrando transparencia en el gasto del Estado.
En el mismo artículo, fueron entrevistados Joaquín Lavín y Sebastián Piñera, quienes difirieron en cuento a la conceptualización y alcances de la RSE. Por una parte, el empresario releva el enfoque de la rentabilidad y propone favorecer el “emprendimiento personal”, otorgando facilidades para el desarrollo de ideas innovadoras, mientras que por otra, el candidato de la UDI sindica a la RSE, como una herramienta para el desarrollo humano sostenible. Además, plantea potenciar a la sociedad civil — pero como colaborador del gobierno y no como agente autónomo y activo- mediante el mejoramiento del sistema de incentivos tributarios para las organizaciones sin fines de lucro.
El abogado y miembro de Red Puentes Chile, Manuel Razeto, explica que “si bien en estas perspectivas se considera un determinado rol a la sociedad civil, ellas muestran una falta de visión del papel de las organizaciones sociales como actores vivos en la construcción de la Responsabilidad Social”, ya que tanto Lavín como Bachelet, “sólo las ven como colaboradoras, ya sea de las empresas o del Estado”.
Razeto explica además, que la y los candidatos presidenciales apuestan por una intervención del Estado “que sólo se centra en exenciones tributarias a donaciones, aportes fiscales para certificación, generación de códigos y otros instrumentos”, obviando por completo el apoyo del Estado “a un rol independiente de observación y diálogo de la sociedad civil”.
El profesional indica que las últimas experiencias (particularmente en temas ambientales), “nos dan cuenta de la importancia de la sociedad civil en este rol. Particularmente porque la RSE, debe ser capaz de potenciar, generar y motivar conductas empresariales superiores a los estándares mínimos legales”.
Lo mismo piensa el economista e investigador del CENDA, Jacobo Schatán, quien insiste en que el Estado debe “centralizar” esfuerzos por tener un rol más activo en la aplicabilidad de la RSE.
Schatán sostiene que, “a través del Ministerio de Planificación o del mismo Ministerio de Hacienda, el Estado debe entregar pautas centrales claras, traducidas en normas administrativas que cautelen el buen desempeño de las empresas”.
El miembro de Red Puentes Chile explica que estas directrices generales deben “desagregarse a nivel sectorial primero y luego a nivel regional, alcanzando hasta el último municipio del país”.
¿Cómo lograrlo? Mediante los mismos recursos que el Estado entrega a los diferentes organismos que lo constituyen, es decir, “dando más o restringiendo según sea el caso, a quienes reprueben la fiscalización y monitoreo sobre sus propias prácticas, por ejemplo, como empleador”.
Schatán enfatiza eso sí, que dicha creación de normas o directrices generales, deben contemplar la participación de todos los actores sociales, y por supuesto de las organizaciones sociales que, tal como lo señala el posicionamiento cívico de Red Puentes Internacional, “sólo en la base de una real cooperación entre Empresa, Sociedad y Estado, la Responsabilidad Social Empresarial avanzará progresivamente, desde las normas y compromisos voluntarios, hacia las normas legales y obligatorias, que cristalicen una nueva licencia y permiso de operación para las empresas, validadas por la sociedad nacional e internacional”.
Es un hecho, la RSE es un tema que abandonó el ámbito académico y se instaló para recordarnos que gran parte de los problemas sociales y ambientales del mundo, son producto de una gestión empresarial alejada de la ética, que se repite con facilidad gracias a la permisividad legal y a un Estado cuyos sistemas de control, fiscalización y regulación son cada vez más frágiles, frente a un sector que ha pasado a ocupar el centro del poder en la toma de decisiones, relegando a los gobiernos a un lugar secundario.
Chile no es la excepción. Lo demuestran las reflexiones del economista e investigador del Centro de Estudios Alternativos (CENDA), Jacobo Schatán, quien plantea en el documento elaborado por Red Puentes Chile, “Agenda Ciudadana”, que “el debilitamiento del rol protector del Estado ha variado desde una visión de defensa del bien común, de protección de la soberanía nacional y los grupos de población en desventaja, al predominio de una ideología y modelo económico neoliberal en la que prevalece el mercado”. Schatán explica que como consecuencia de “este proceso de desdibujamiento”, se ha producido una desregulación de las relaciones capital-trabajo en la que se ha cedido a los privados, parte de las atribuciones que otrora fueron exclusivas del Estado, “como por ejemplo la administración de los sistemas de protección social”.
El economista del CENDA explica que el Estado chileno ha suscrito diversas convenciones en materia laboral, de salud y medio ambiente; así como “las líneas directrices de la OCDE sobre empresas multinacionales y ha firmado tratados internacionales de comercio que incluyen cláusulas sociales y ambientales”. Sin embargo- argumenta Schatán- “las disposiciones señaladas no siempre se cumplen y tampoco se fiscalizan adecuadamente por parte de los organismos públicos pertinentes”. ¿Razones? carencia de personal idóneo, falta de presupuesto, o más grave aún, el temor a enfrentar a los sectores empresariales.
Surge entonces la duda si la RSE —que busca orientar a las empresas para que éstas logren equilibrio entre rentabilidad económica, derechos humanos, bienestar social y protección ambiental— pueda alcanzar significativos niveles de impacto y aplicabilidad, como para contrarrestar los negativos efectos del mercado y la débil acción del Estado; ambos incapaces de responder frente a urgentes demandas, como la pobreza e inequidad en que gran parte del planeta vive actualmente.
Buscando respuestas
Si bien la RSE se remite a las prácticas de las empresas, no es menos cierto que su éxito, demanda la participación de los diferentes actores de la sociedad.
Sin embargo, el Estado chileno aún no llega a un consenso sobre cuanta incidencia puede tener en esta materia y más aún, sobre cuanto activo debe ser su rol al respecto.
Es lo que plantea un reciente estudio realizado por Red Puentes Chile en conjunto con el Programa de Acción de Mujeres (PROSAM) titulado “Visión acerca de la Responsabilidad Social Empresarial en organismos del Estado”.
La investigación — realizada entre noviembre y diciembre del 2004- exploró a ocho organismos públicos para indagar sobre las visiones, enfoques e iniciativas en relación al concepto y prácticas de RSE que la CONAMA, INDAP, la Dirección del Trabajo, SERNAM, CORFO, MINSAL, SERNAC y FOSIS habían desarrollado hasta ese momento.
Las conclusiones del estudio realizado por Red Puentes Chile, entrega señales divididas sobre cual es el rol que le cabría al Estado cumplir en el marco de la RSE. Mientras algunos de los organismos entrevistados creen que “el sector público debe asumir un rol de agente activo, convocando a las empresas a incluir políticas y prácticas de responsabilidad social”, otros señalan que la falta de políticas públicas que coordinen las actividades privadas en el área y promuevan mediante incentivos, los beneficios (especialmente económicos) que aplicar la RSE genera en la empresa, “dejaría el tema de la responsabilidad circunscrito únicamente al compromiso social y la filantropía de los empresarios, negándole su carácter estratégico global”.
En resumen: si bien los organismos entrevistados “reconocen el concepto y su importancia, todos se encuentran en una fase incipiente de abordaje y reconocimiento de sus implicancias sociales”.
Varias interpretaciones para un solo tema
El informe de Red Puentes Chile, revela que los organismos consultados se han vinculado a la RSE en base a cómo- a partir del rol que les compete- deben involucrarse en la materia. El estudio detectó en algunos casos, posturas particulares más que institucionales por parte de los entrevistados, hecho que evidenciaría “la falta de una política estatal o propia del organismo relacionada con la temática”.
Y es que al parecer “siempre estamos llegando atrasados a los temas”. Es lo que plantea la Directora de Programas del Centro Nacional de Productividad y Calidad, Chile Calidad, la asistente social Ximena Concha, quien sostiene que nuestro país se ha incorporado, al igual que en muchas otras áreas, tarde a la discusión sobre RSE.
Concha destaca la importancia de este concepto y explica que la RSE “debe mostrar un camino para que una empresa -además de ganar dinero- comience a cumplir un rol de contribución al desarrollo de la sociedad en su conjunto”. (ver entrevista)
Un camino que organismos como CORFO, INDAP y CONAMA transitan -como lo indica el estudio de Red Puentes- “presionados por la emergencia del tema, los tratados internacionales y las exigencias de los mercados mundiales respecto de su incorporación”.
Diferente es la forma en que el SERNAC considera la RSE: la estrategia consiste en “fortalecer la movilización social, educando a los consumidores para aumentar su grado de conciencia y su capacidad de discriminar en cuanto a sus elecciones de consumo”, lo que se traduciría en una presión por parte de la ciudadanía hacia las empresas, para que adopten medidas más responsables con el medio ambiente y las personas.
El estudio indica eso sí, que todos los organismos consultados coinciden en que el Estado si debería promover prácticas responsables en las empresas, pero “reconociendo que el sector privado está sometido a la presión de los mercados internacionales y que cada vez es mayor la exigencia de la comunidad internacional de productos y servicios responsables”, por lo que el cumplimiento de estándares internacionales, es el único camino para acceder al crecimiento económico del país.
La visión de la Dirección del Trabajo, por su parte, entiende que la RSE es un asunto entre privados y que el Estado sólo debe resguardar el cumplimiento de la legislación laboral vigente. Para ellos — indica el informe- “la RSE es un asunto que se mueve en el terreno de la voluntad”, por lo que su rol fiscalizador, sólo cobra sentido en aquellas instancias que la ley lo establece.
Sin embargo, entidades como el FOSIS -encargado de programas de superación de la pobreza del país, entregó una mirada distinta. Para el Director Nacional del organismo, Mario Ossandón, el hecho que los temas tributarios, medio ambientales y las relaciones laborales, “son condiciones que están determinando que haya o no mercado internacional”, favorece la aplicabilidad de la RSE. La estrategia del FOSIS para lograr dicha implementación, ha consistido en desarrollar “procesos de vinculación con redes dinámicas”, logrando que sectores pobres que no tienen acceso al mercado, lo hagan a través de la colaboración de empresarios y ejecutivos que sí pueden hacerlo.
Ossandón explica que con este mecanismo todos ganan: “la empresa dirá en todos sus foros y presentaciones que es parte de la estrategia nacional para superar la pobreza”, contribuyendo con el FOSIS en la creación de empleo y valor para las personas pobres.
Finalmente, el informe elaborado por Red Puentes Chile indica que “las diferentes visiones recogidas, dan cuenta del carácter emergente de la temática y de la necesidad de un debate en torno al rol que el Estado debe cumplir en este campo”, ya que la vinculación de los organismos consultados con la RSE, está más ligada a sus principios que a sus prácticas.
El futuro
El encargado comunicacional del comando de campaña de Michelle Bachelet y ex ministro del Trabajo, Ricardo Solari, señaló en un foro panel realizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Unilever, que la RSE era un tema exclusivamente voluntario, por lo que estaría fuera de toda lógica, “exigirle al Estado un rol fiscalizador más allá de lo que la ley establece”.
Sin embargo, su abanderada no piensa lo mismo: la candidata de la Concertación enfatiza -en una entrevista realizada por la sección especial del Mercurio sobre RSE, publicada en el mes de julio- la relevancia del tema en materias laborales, contrataciones, salarios, ascensos, entrenamiento y capacitación; plantea continuar financiando iniciativas que promuevan la adopción voluntaria de conductas responsables; trabajar con los gremios y dar el ejemplo como gobierno siendo paritario en materia de género, publicando un código de ética pública y demostrando transparencia en el gasto del Estado.
En el mismo artículo, fueron entrevistados Joaquín Lavín y Sebastián Piñera, quienes difirieron en cuento a la conceptualización y alcances de la RSE. Por una parte, el empresario releva el enfoque de la rentabilidad y propone favorecer el “emprendimiento personal”, otorgando facilidades para el desarrollo de ideas innovadoras, mientras que por otra, el candidato de la UDI sindica a la RSE, como una herramienta para el desarrollo humano sostenible. Además, plantea potenciar a la sociedad civil — pero como colaborador del gobierno y no como agente autónomo y activo- mediante el mejoramiento del sistema de incentivos tributarios para las organizaciones sin fines de lucro.
El abogado y miembro de Red Puentes Chile, Manuel Razeto, explica que “si bien en estas perspectivas se considera un determinado rol a la sociedad civil, ellas muestran una falta de visión del papel de las organizaciones sociales como actores vivos en la construcción de la Responsabilidad Social”, ya que tanto Lavín como Bachelet, “sólo las ven como colaboradoras, ya sea de las empresas o del Estado”.
Razeto explica además, que la y los candidatos presidenciales apuestan por una intervención del Estado “que sólo se centra en exenciones tributarias a donaciones, aportes fiscales para certificación, generación de códigos y otros instrumentos”, obviando por completo el apoyo del Estado “a un rol independiente de observación y diálogo de la sociedad civil”.
El profesional indica que las últimas experiencias (particularmente en temas ambientales), “nos dan cuenta de la importancia de la sociedad civil en este rol. Particularmente porque la RSE, debe ser capaz de potenciar, generar y motivar conductas empresariales superiores a los estándares mínimos legales”.
Lo mismo piensa el economista e investigador del CENDA, Jacobo Schatán, quien insiste en que el Estado debe “centralizar” esfuerzos por tener un rol más activo en la aplicabilidad de la RSE.
Schatán sostiene que, “a través del Ministerio de Planificación o del mismo Ministerio de Hacienda, el Estado debe entregar pautas centrales claras, traducidas en normas administrativas que cautelen el buen desempeño de las empresas”.
El miembro de Red Puentes Chile explica que estas directrices generales deben “desagregarse a nivel sectorial primero y luego a nivel regional, alcanzando hasta el último municipio del país”.
¿Cómo lograrlo? Mediante los mismos recursos que el Estado entrega a los diferentes organismos que lo constituyen, es decir, “dando más o restringiendo según sea el caso, a quienes reprueben la fiscalización y monitoreo sobre sus propias prácticas, por ejemplo, como empleador”.
Schatán enfatiza eso sí, que dicha creación de normas o directrices generales, deben contemplar la participación de todos los actores sociales, y por supuesto de las organizaciones sociales que, tal como lo señala el posicionamiento cívico de Red Puentes Internacional, “sólo en la base de una real cooperación entre Empresa, Sociedad y Estado, la Responsabilidad Social Empresarial avanzará progresivamente, desde las normas y compromisos voluntarios, hacia las normas legales y obligatorias, que cristalicen una nueva licencia y permiso de operación para las empresas, validadas por la sociedad nacional e internacional”.
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