jueves, septiembre 10, 2009

Ley de transparencia: verdades y desafíos

Leonardo Javier Castillo Cárdenas, FLACSO, Septiembre 2009.
Resumen

Hoy por hoy nadie discute que la corrupción se erige como uno de los principales riesgos para la estabilidad y legitimidad de las instituciones democráticas. Su tratamiento, a pesar de la aparente novedad que lo reviste, ha sido abordado desde hace largo tiempo por la filosofía y la ciencia política.

Norberto Bobbio (2003) nos recuerda que el “recurso al secreto” ha sido considerado durante siglos la esencia del arte de gobernar. Uno de los capítulos que no podía faltar en los tratados de política en un período que duró un largo tiempo —de Maquiavelo a Hegel— que se suele llamar de la Razón de Estado, versaba sobre las circunstancias y las razones del ocultamiento. El poder —prosigue el profesor italiano— siempre ha sido concebido a imagen y semejanza de Dios, que es Omnipotente precisamente porque es el Omnividente invisible.

Al respecto, es imposible no relacionar dicha idea con el panóptico de Bentham que Foucault (2002) definió como una máquina para disociar el binomio ver-ser visto: “El panóptico es una máquina de disociar la pareja ver-ser visto: en el anillo periférico, se es totalmente visto, sin ver jamás; en la torre central, se ve todo, sin ser jamás visto”. El propio Bentham consideraba que este modelo arquitectónico, ideado para las cárceles, podría ser extendido a otras instituciones. El modelo sería llevado al Imperio del Gran Hermano, descrito por Orwell (2005) , donde los súbditos están permanentemente bajo la mirada de un personaje del que no saben nada, ni siquiera si existe. La literatura nos plantea, también, el poder que se ejerce precisamente mediante dicha disociación ver- ser visto en el proceso de Kafka (1985) donde Joseph K no ve al magistrado sino de manera borrosa en una ventana del tribunal. Es en dicho caso precisamente donde la “falta de transparencia” hace patente el miedo que genera el secreto y el poder al que está coligado.

Immanuel Kant (1999), por su parte, en un apéndice al Ensayo la paz perpetua, plantea la cuestión de la posible convergencia entre la política y la moral. Sostiene que la única manera de garantizar que ello suceda es la condena del secreto de los actos de gobierno y la institucionalización de su publicidad, o sea, una serie de reglas que obliguen a los Estados a rendir cuentas de sus decisiones al público y, de esta manera, se haga imposible la práctica de los arcana imperii, los secretos del poder, que caracterizan a los Estados despóticos. “Las acciones referentes al derecho de otros hombres son injustas si su máxima no admite publicidad”. En efecto, una máxima que no puedo manifestar en alta voz, que ha de permanecer secreta, so pena de hacer fracasar mi propósito; una máxima que no puedo reconocer públicamente sin provocar en el acto la oposición de todos a mi proyecto; una máxima que de ser conocida suscitaría contra mi una enemistad necesaria y universal porque encierra una amenaza injusta al derecho de los demás”. El presupuesto de este discurso kantiano está claro: el mantener en secreto un propósito o un pacto o, si fuese posible, cualquier disposición pública es ya de por si una muestra de su ilegalidad.

Max Weber (1996) se refirió a la conexión entre la democratización de la sociedad y la burocratización: "Cada burocracia busca incrementar aún más la superioridad del oficial profesional por medio de mantener secreto su conocimiento e intenciones. La administración burocrática siempre tiende a excluir al público, a ocultar de la crítica su conocimiento y acción tanto como pueda. Esta tendencia hacia el secreto es una consecuencia de su naturaleza objetiva en ciertos ámbitos administrativos: esto es, dondequiera que los intereses de poder de la estructura dada de dominación hacia el exterior están en cuestión, ya sea el caso de competidores económicos de una empresa privada o el de gobiernos extranjeros potencialmente hostiles en el campo público. Sin embargo, los puros intereses de poder de la burocracia ejercen sus efectos mucho más allá de estas áreas de secreto funcionalmente justificadas. El concepto de "secreto oficial" es la invención específica de la burocracia y pocas cosas son defendidas tan fanáticamente por ella como esta actitud, la cual, fuera de las áreas específicas mencionadas, no puede ser justificada con argumentos puramente funcionales. Al enfrentar un parlamento, la burocracia, a partir de un instinto seguro por el poder, pelea cada intento de esa institución por ganar a través de sus propios medios un conocimiento experto para las partes interesadas. La burocracia naturalmente prefiere un parlamento pobremente informado y por ende sin poder al menos en cuanto esta ignorancia sea compatible con los propios intereses de la burocracia".

La revalorización de la libertad, así como del mercado y los movimientos de reforma del Estado , han traído a colación la necesidad de transparentar la forma de tomar las decisiones, así como los resultados y efectos provocados por dichas decisiones. Hoy, el concepto de transparencia constituye casi un lugar común, el cual es necesario comprender a cabalidad a fin de entender sus alcances y los desafíos que implica.

viernes, septiembre 04, 2009

La experiencia española en la constitución de una alianza

Septiembre del 2009, Seminario RSE (www.seminariorse.cl)


Juan José Barrera Cerezal, Director General de Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas, del Ministerio de Trabajo e Inmigración, y Secretario del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas.

Hablar de responsabilidad social de las empresas, es hablar de desarrollo sostenible. Es este último concepto el que sirve de guía a los Gobiernos, pero también a toda la sociedad civil, para avanzar en la consecución de un crecimiento económico estable, pero del que se beneficien todos los ciudadanos, lo que supone conseguir, además, la cohesión social y preservar el medio ambiente.

Las actuaciones que realizan las empresas, como parte fundamental del aparato productivo, para la consecución de este deseado objetivo del desarrollo sostenible, cuando lo hacen de forma voluntaria complementando las actuaciones de los Gobiernos, es lo que se viene entendiendo como responsabilidad social de las empresas.

En este contexto, el Gobierno Español considera que las buenas prácticas que las empresas realizan en ámbitos sociales y medioambientales, complementariamente al cumplimiento de las normas legales, pueden ser fomentadas por los poderes públicos, y para ello se hace necesario definir una política de fomento de la responsabilidad social de las empresas en las que participen activamente todos los actores relacionados con este concepto. Lógicamente el Gobierno y las empresas, pero también los sindicatos de trabajadores y organizaciones sociales que defienden, entre otros, al consumidor, los derechos humanos y el medio ambiente deben colaborar.

Durante los últimos años, en España ha habido diversos foros vinculados a la responsabilidad social de las empresas, pero especialmente hubo tres foros cuyas conclusiones han servido como referente para diseñar la política de fomento de la responsabilidad social de las empresas del Gobierno de España.

Un foro lo creó el propio Parlamento español, que elaboró un documento que recoge lo más destacado de las opiniones y 58 recomendaciones, aprobadas por todos los grupos parlamentarios.

Otro foro, fue creado por el Ministerio de Trabajo, denominado Foro de Expertos de responsabilidad social de las empresas, en el que participaron varios Ministerios del Gobierno español, asociaciones de empresas comprometidas con la responsabilidad social, organizaciones no gubernamentales relacionadas con la defensa de los consumidores, medio ambiente, derechos humanos, y también expertos individuales en gran parte relacionados con el ámbito académico.

También, este foro aprobó un documento del que se puede destacar una definición sobre la responsabilidad social de las empresas y 29 conclusiones.

El tercer foro, es el que se refiere al dialogo social entre las organizaciones representativas de los empresarios, los sindicatos de trabajadores y el Gobierno, que aprobaron un documento en el año 2007 que contempla 10 recomendaciones.

Los tres documentos tienen un importante grado de similitud, y hay una recomendación común: se solicita al Gobierno que cree un foro permanente de dialogo entre todas las partes interesadas en la responsabilidad social de las empresas, que sirva también para asesorar al Gobierno en relación a esta materia. De esta demanda surge la creación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, CERSE.

El CERSE, se constituye como el más importante instrumento de participación de los ámbitos público y privado sobre responsabilidad social de las empresas entre las organizaciones empresariales, sindicales, sociedad civil y Administraciones Públicas. Es una de las experiencias más valoradas en distintos foros internacionales, y en particular en la Unión Europea.

El CERSE tiene como objetivos, entre otros, proponer al Gobierno iniciativas que fomenten la responsabilidad social de las empresas, de las Administraciones Públicas y de otras organizaciones y entidades sociales, y promover los estándares o características que deben contemplar las memorias de responsabilidad social de las empresas y las herramientas adecuadas para su seguimiento.

Otro objetivo importante del Consejo, es el que hace referencia a analizar el desarrollo de la responsabilidad social de las empresas en España, en Europa y en otros países. Por lo tanto, también, analizará el papel de las empresas españolas en América Latina.

El CERSE lo preside el ministro de Trabajo y está constituido por 56 miembros, 14 por cada uno de los cuatro grupos siguientes: organizaciones empresariales, sindicatos, otras organizaciones sociales y los tres niveles de Administraciones Públicas, la Central, la Autonómica y la Local.

El Consejo ha creado cinco grupos de trabajo. Uno de los temas que va a abordar es el referente al papel de la responsabilidad social de las empresas ante la actual crisis económica, buscando nuevas formas de actuar que corrijan errores pasados y que nos lleven a diseñar un modelo productivo más competitivo, pero también más sostenible, donde la libertad del mercado no sea incompatible con la existencia de normas que regulen su funcionamiento, donde la transparencia sea un valor empresarial, y en el que el concepto globalización no suponga solo más mercado, sino la transmisión de valores sociales y medioambientales. En esta labor la alianza entre lo público y lo privado tiene un gran valor.

El rol de los gobiernos en la Responsabilidad Social: El caso europeo

Septiembre 2099, seminario RSE (www.seminariorse.cl)
Josep M. Lozano, Instituto de Innovación Social ESADE.


Hoy la RSE ha entrado en la agenda política de la mayoría de gobiernos europeos y de otros países. Los gobiernos se enfrentan a un desafío social importante: están dando respuesta al nuevo papel de la empresa en el actual proceso de desarrollo económico y a los consiguientes retos sociales y medioambientales que se plantean. Además, la Comisión Europea pide que estas políticas nacionales de RSE estén en consonancia con las políticas comunitarias y los estándares y códigos internacionales.

Muchos gobiernos europeos han empezado a desarrollar y a diseñar acciones y políticas gubernamentales en el marco de la RSE. En general, los gobiernos no han adoptado políticas de obligatoriedad de la RSE, sino que han potenciado la dinamización, la facilitación de políticas que favorezcan la RSE, el desarrollo de estándares y las prácticas de información que promuevan la RSE y la creación de espacios de diálogo y partenariado. En estos roles, los gobiernos y las administraciones públicas tienen un papel fundamental, difícilmente sustituible.

La Comisión Europea define la RSE como "la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores" (Comisión Europea, 2001). La manera como la Comisión ha planteado esta cuestión subraya dos aspectos: el qué y el cómo. En lo que respecta al qué, ha puesto énfasis en el hecho de que las empresas deben asumir compromisos sociales y medioambientales en sus actuaciones; en cuanto al cómo, ha puesto el acento en la voluntariedad.

Pero la acción de los gobiernos en relación con la RSE es indisociable de su respuesta a algunos de los principales retos actuales. Porque, cada vez más, el auge de la RSE se vincula con los retos generados por la globalización económica; con la crisis y los cambios del estado de bienestar; con la búsqueda de nuevas formas de gobernanza; con nuevas relaciones entre los gobiernos y otros actores sociales; y con la emergencia de nuevas demandas sociales. Se trata de asumir que la gobernanza social en nuestro mundo interdependiente pide, al mismo tiempo, una nueva visión de la contribución de las empresas a la sociedad, una nueva relación entre los actores políticos y los empresariales, y la capacidad de desarrollar un diagnóstico y una perspectiva compartidos acerca de cuáles son los principales retos de nuestras sociedades que permitan contextualizar esa visión y esa relación.

En la Unión Europea existen distintos modelos de aproximación desde las políticas públicas a la RSE. Cada país ha ido orientando la RSE hacia los temas sociales o medioambientales más adecuados según su proceso de desarrollo del estado del bienestar, y en función de la relación existente entre la empresa, el gobierno y la sociedad civil. Es necesario resaltar, desde esta perspectiva que la elaboración e implementación de políticas públicas de RSE no solo se entiende en la relación tradicional de la acción de los gobiernos (administraciones públicas) hacia el sector privado (empresas) sino que implica hoy a todos los actores sociales: sector público, sector privado, sociedad, y especialmente las intersecciones entre todos ellos, en una perspectiva relacional.

Así pues, para analizar las políticas públicas de RSE hay que tener en cuenta a los actores involucrados y sus contextos y, más en concreto:
· Los perfiles y modelos de actuación adoptados por los gobiernos.
· Los programas y políticas públicas.
· Los discursos que los gobiernos han elaborado sobre el concepto de RSE atendiendo a la difusión, los medios y los organismos utilizados.
· La incorporación de la RSE en la estructura organizativa.

Bajo estos criterios, podemos identificar cuatro modelos de aproximación a la RSE en Europa; los podemos denominar: partenariado, business in the community, sostenibilidad, y ágora.
Es probable que en todos los modelos, en la medida que se desarrollen polítcas públicas de RSE, se consolide en el futuro inmediato un doble discurso bajo la etiqueta RSE: una RSE como discurso sobre los acuerdos mínimos que se pretenden incorporar, de hecho, a la práctica empresarial, con conciencia de RSE o sin ella; y una RSE como discurso de excelencia e innovación empresarial para empresas comprometidas activamente con ella, y válido para un porcentaje relativamente reducido de empresas.

Pero incorporar una política de RSE genera sus propias preguntas: ¿habrá una política propia y específica de RSE por parte del gobierno, o no?¿Política desde un ministerio, o política de un ministerio? ¿Política de RSE, o RSE en las políticas de todos los ministerios implicados? ¿Política de RSE orientada desde el gobierno o política de RSE orientada hacia la gobernanza? Como criterio general creo que la RSE requiere menos regulación y más política. Y creo que –en general, pero también para la RSE- vienen tiempos en los que se requerirá un enfoque de los retos que tenemos planteados más en clave de visión política que de gestión administrativa: aunque ambas son necesarias, la primera es imprescindible. Y entre estos retos está el asumir definitivamente que la RSE en términos políticos no puede sostenerse sobre sí misma (no es, pues, autosuficiente) sino que debe incardinarse explícitamente en una agenda económica, social, ambiental e internacional. Agenda que es responsabilidad del gobierno, en la medida que cada vez es más conveniente hablar también de la responsabilidad del liderazgo.

lunes, agosto 31, 2009

Grandes empresas adoptan nuevos códigos de conducta y directorios recaban más información

El Mercurio, Sábado, 29 de Agosto de 2009 .
Más del 60% de las firmas encuestadas destaca que se han tomado medidas para mejorar los procedimientos internos. Compañias deberán prepararse para responder cada vez más a mayores requerimientos de información.

Bastó que Farmacias Ahumada (Fasa) admitiera que se coludió para subir el precio de ciertos medicamentos para que se desatara la tormenta.

Las esquirlas del caso no sólo han provocado un conflicto en el ámbito judicial -ya que se investiga si Salcobrand y Cruz Verde también se coludieron, como asegura Fasa-, sino también generó un intenso debate en materia de gobiernos corporativos, ya que el directorio de Farmacias Ahumada experimentó un profundo quiebre, con acusaciones cruzadas entre los directores que representan a los controladores y los minoritarios.

A partir de este caso -que no es el único, pero sí el más emblemático del último tiempo- las empresas han comenzado a poner en práctica una serie de medidas para mejorar el gobierno corporativo. Así lo revela un sondeo conjunto realizado por Ernst & Young y Economía y Negocios, donde se consultó a más de un centenar de altos ejecutivos de las mayores empresas del país -vinculados a los principales sectores productivos-sobre si a partir de este caso se han tomado medidas al interior de sus respectivas empresas.

Así, más del 60% de los encuestados declara que en sus compañías efectivamente se han tomado medidas a nivel gerencia o directorio, y entre éstas destaca la introducción de un nuevo código de conducta o reglamento interno. También resulta revelador que la mayoría declara que el directorio ha aumentado la solicitud de información hacia la gerencia, lo que revela que los directores no sólo están velando por aspectos estratégicos de la compañía, sino también están mirando más el día a día de la empresa.

Cristián Lefevre, socio principal de Ernst & Young, destaca que a diferencia de lo ocurrido con eventos de años anteriores, "a los problemas de gobiernos corporativos detectados a nivel país hay que sumar la crisis financiera subprime, que también tuvo un mal manejo de riesgo y gobierno corporativo, por lo que a factores internos en esta ocasión se suman elementos externos".

Lefevre también destaca que no es trivial el hecho de que la medida más adoptada sea un código de conducta. "En los noventa eran pocas las compañías locales -más bien filiales de empresas externas- que poseían documentos de esta clase. Sin embargo, en los últimos tres años se ha detectado un esfuerzo sistemático para avanzar en esta línea".

Respecto de los mayores requerimientos de información, Lefevre destaca que no se trata de un fenómeno acotado a la dirección de empresas, "sino que es el primer paso de una tendencia que comenzarán a adoptar todos los stakeholders (accionistas, inversionistas, trabajadores, etc.), en cuanto a demandar más información de las compañías con que están vinculados".

Mario Morales, director del observatorio de responsabilidad social de la Facultad de Economía de la U. de Chile, señala que si bien ha notado que algunas empresas están tomando medidas, aún dista de ser la mayoría. Con todo, agrega que algunas están llevando a cabo la realización de auditorías en forma más periódica, mayor solicitud de información al directorio y otras medidas orientadas a aplicar la responsabilidad social empresarial en forma interna.

Juan Carlos Scapini, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Central, señala que los directorios estarán más atentos en función de cuidarse mucho más para prevenir acusaciones que puedan venir por el lado de acusaciones de colusión o posición dominante.

En el Congreso ya se discute un proyecto de ley que busca perfeccionar los gobiernos corporativos, que entre otros puntos busca reforzar la figura de los directores independientes.
119 altos ejecutivos de primera línea -como gerentes generales y de finanzas de grandes empresas- participaron en esta encuesta.53% de los directorios han aumentado sus requerimientos de información a las gerencias de las empresas después de estos casos.
Opinan los expertos''Los mayores requerimientos de información no se trata de un fenómeno acotadoa la dirección de empresas, sino que es el primer paso de una tendencia que comenzarán a adoptar todos los stakeholders (accionistas, inversionistas, trabajadores, etc.)". CRISTIÁN LEFEVRE, SOCIO PRINCIPAL DE ERNST & YOUNG

''La responsabilidad social en el interior de las compañías es una medida muy importante que debería considerarse en todas las empresas". MARIOS MORALES, DIRECTOR DEL OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA, U. DE CHILE

''Es muy importante que los códigos de buenas prácticas funcionen en la realidad. Como país, rápidamente olvidamos las cosas que pasan". JUAN CARLOS SCAPINI, DIRECTOR INGENIERÍA COMERCIAL, U. CENTRAL