Josep M. Lozano, Instituto de Innovación Social ESADE.
Hoy la RSE ha entrado en la agenda política de la mayoría de gobiernos europeos y de otros países. Los gobiernos se enfrentan a un desafío social importante: están dando respuesta al nuevo papel de la empresa en el actual proceso de desarrollo económico y a los consiguientes retos sociales y medioambientales que se plantean. Además, la Comisión Europea pide que estas políticas nacionales de RSE estén en consonancia con las políticas comunitarias y los estándares y códigos internacionales.
Muchos gobiernos europeos han empezado a desarrollar y a diseñar acciones y políticas gubernamentales en el marco de la RSE. En general, los gobiernos no han adoptado políticas de obligatoriedad de la RSE, sino que han potenciado la dinamización, la facilitación de políticas que favorezcan la RSE, el desarrollo de estándares y las prácticas de información que promuevan la RSE y la creación de espacios de diálogo y partenariado. En estos roles, los gobiernos y las administraciones públicas tienen un papel fundamental, difícilmente sustituible.
La Comisión Europea define la RSE como "la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores" (Comisión Europea, 2001). La manera como la Comisión ha planteado esta cuestión subraya dos aspectos: el qué y el cómo. En lo que respecta al qué, ha puesto énfasis en el hecho de que las empresas deben asumir compromisos sociales y medioambientales en sus actuaciones; en cuanto al cómo, ha puesto el acento en la voluntariedad.
Pero la acción de los gobiernos en relación con la RSE es indisociable de su respuesta a algunos de los principales retos actuales. Porque, cada vez más, el auge de la RSE se vincula con los retos generados por la globalización económica; con la crisis y los cambios del estado de bienestar; con la búsqueda de nuevas formas de gobernanza; con nuevas relaciones entre los gobiernos y otros actores sociales; y con la emergencia de nuevas demandas sociales. Se trata de asumir que la gobernanza social en nuestro mundo interdependiente pide, al mismo tiempo, una nueva visión de la contribución de las empresas a la sociedad, una nueva relación entre los actores políticos y los empresariales, y la capacidad de desarrollar un diagnóstico y una perspectiva compartidos acerca de cuáles son los principales retos de nuestras sociedades que permitan contextualizar esa visión y esa relación.
En la Unión Europea existen distintos modelos de aproximación desde las políticas públicas a la RSE. Cada país ha ido orientando la RSE hacia los temas sociales o medioambientales más adecuados según su proceso de desarrollo del estado del bienestar, y en función de la relación existente entre la empresa, el gobierno y la sociedad civil. Es necesario resaltar, desde esta perspectiva que la elaboración e implementación de políticas públicas de RSE no solo se entiende en la relación tradicional de la acción de los gobiernos (administraciones públicas) hacia el sector privado (empresas) sino que implica hoy a todos los actores sociales: sector público, sector privado, sociedad, y especialmente las intersecciones entre todos ellos, en una perspectiva relacional.
Así pues, para analizar las políticas públicas de RSE hay que tener en cuenta a los actores involucrados y sus contextos y, más en concreto:
· Los perfiles y modelos de actuación adoptados por los gobiernos.
· Los programas y políticas públicas.
· Los discursos que los gobiernos han elaborado sobre el concepto de RSE atendiendo a la difusión, los medios y los organismos utilizados.
· La incorporación de la RSE en la estructura organizativa.
· Los programas y políticas públicas.
· Los discursos que los gobiernos han elaborado sobre el concepto de RSE atendiendo a la difusión, los medios y los organismos utilizados.
· La incorporación de la RSE en la estructura organizativa.
Bajo estos criterios, podemos identificar cuatro modelos de aproximación a la RSE en Europa; los podemos denominar: partenariado, business in the community, sostenibilidad, y ágora.
Es probable que en todos los modelos, en la medida que se desarrollen polítcas públicas de RSE, se consolide en el futuro inmediato un doble discurso bajo la etiqueta RSE: una RSE como discurso sobre los acuerdos mínimos que se pretenden incorporar, de hecho, a la práctica empresarial, con conciencia de RSE o sin ella; y una RSE como discurso de excelencia e innovación empresarial para empresas comprometidas activamente con ella, y válido para un porcentaje relativamente reducido de empresas.
Pero incorporar una política de RSE genera sus propias preguntas: ¿habrá una política propia y específica de RSE por parte del gobierno, o no?¿Política desde un ministerio, o política de un ministerio? ¿Política de RSE, o RSE en las políticas de todos los ministerios implicados? ¿Política de RSE orientada desde el gobierno o política de RSE orientada hacia la gobernanza? Como criterio general creo que la RSE requiere menos regulación y más política. Y creo que –en general, pero también para la RSE- vienen tiempos en los que se requerirá un enfoque de los retos que tenemos planteados más en clave de visión política que de gestión administrativa: aunque ambas son necesarias, la primera es imprescindible. Y entre estos retos está el asumir definitivamente que la RSE en términos políticos no puede sostenerse sobre sí misma (no es, pues, autosuficiente) sino que debe incardinarse explícitamente en una agenda económica, social, ambiental e internacional. Agenda que es responsabilidad del gobierno, en la medida que cada vez es más conveniente hablar también de la responsabilidad del liderazgo.
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